De qué se trata el Plan Nacional Anticorrupción que lanzó el Gobierno
La medida, que se proyecta para el período 2019-2023, fija políticas de transparencia y de rendición de cuentas para la administración pública.
El Gobierno aprobó este jueves 11 de abril, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023. La normativa, en base a legislación vigente, fija políticas de transparencia y de rendición de cuentas y será obligatoria para toda la Administración Pública Nacional.
La medida fue impulsada por la Oficina Anticorrupción, que encabeza Laura Alonso, y por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, a cargo de Fernando Sánchez, y se basa en varias convenciones internacionales ratificadas por el país.
El decreto lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia, Germán Garavano. "La corrupción se presenta como un fenómeno complejo que debe ser abordado de modo amplio mediante el diseño y la aplicación de políticas públicas tanto preventivas como punitivas, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos", sostiene.
Tal como enuncian los dirigentes políticos de Cambiemos al hablar de los ejes de su gestión, el decreto pondera que la lucha contra la corrupción es un prioritaria entre las políticas del Poder Ejecutivo.
En ese sentido y con el fin de mostrar los avances realizados en los últimos tres años y de planificar los próximos cinco, se elaboró una "Estrategia y Plan Nacional Anticorrupción", que colecta más de 250 iniciativas transversales y sectoriales para consolidar y profundizar la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas.
La OA, previa intervención de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, será la que cree un consejo asesor de carácter ad honorem para el seguimiento del plan. Además, la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto deberá adoptar las acciones pertinentes para la elaboración del mecanismo de seguimiento público de la implementación del mismo.
El Gobierno invitó al Congreso al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa y al Consejo de la Magistratura "a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, normas de carácter similar". En la misma línea convocó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar planes similares de lucha contra la corrupción.